Pymes: más grandes, más competitivas


 

    A mayor tamaño mayor competitividad. Esta es una relación directa. Cuanto mayor tamaño tiene una pyme más posibilidades tiene de sobrevivir más tiempo, atraer más talento, exportar e internacionalizarse. Cuanto mayor tamaño más invertirán en I+D+i y generarán mayor valor añadido y, en definitiva, cuanto mayores sean las pyme más posibilidades tendrán de consolidarse y más venderán. Por eso el pequeño tamaño de las pyme españolas con relación a las que operan en los países de nuestro entorno es un problema crucial de la economía española basada sobre todo en este tipo de empresas.

 

 

 

 

Pese a que cunde la sensación de que la crisis ha quedado atrás, este tiempo transcurrido no ha servido para una modificación sustancial del tejido productivo, y este hecho comienza a ser una grave preocupación para los responsables económicos. “Si las empresas españolas no logran reducir el gap del tamaño con sus homólogas europeas, este tenderá a aumentar ya que, además, supondrá una menor inversión en I+D+i y menos estabilidad en general para la inversión. No hay que olvidar el dato de que España crea y destruye empresas más rápidamente que el resto de países, lo que demuestra que el modelo no es sostenible. La mitad de las empresas españolas desaparece a los tres años mientras que las europeas lo hacen de media en 4 años”, ha afirmado el director general del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Juan Corona.

Es decir, las empresas españolas, mantienen un problema endémico que es la falta de tamaño. Para paliar este problema el IEF ha planteado cincuenta reformas en distintos ámbitos con las que se favorecería que las empresas adquirieran un mayor tamaño, crearan más empleo y mejorara su competitividad y la internacionalización, que han plasmado en el estudio “La dimensión empresarial como factor de competitividad”, en el que se insiste en la necesidad de un pacto de Estado para la Educación que mejore la calidad del capital humano de las empresas. Además insisten en que para crecer, las empresas necesitan un mercado de trabajo flexible y eficiente, una mayor eficiencia de la Administración Pública, la disminución de las barreras regulatorias, una fiscalidad moderada y una simplificación impositiva y estable y unos mercados financieros desarrollados.

El estudio parte de la realidad de los últimos datos disponibles en el Directorio Central de Empresas (DIRCE), dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE), según el cual a 1 de enero de 2016 existían en España 3,24 millones de empresas activas, de las que más de la mitad no tenían ningún trabajador asalariado. Es decir, se trata de un tejido empresarial muy atomizado, en el que predomina el trabajador por cuenta propia y la pequeña y mediana empresa y sólo el 0,7% del total de las compañías tienen más de 50 trabajadores, frente al 3 % de Alemania o el 1,2 % de la UE28.

El menor tamaño del tejido empresarial español se observa en el número de trabajadores, ya que mientras las empresas de la Unión Europea tienen una plantilla media de 5,8 empleados, esta cifra en el caso español es de 4,5 trabajadores, un 22,4% menor. Son las empresas más pequeñas (de 0 a 9 trabajadores) las que ocupan a un mayor número de empleados (40,9% del total), por encima de la media europea que se encuentra alrededor del 29%. La menor dimensión de las empresas españolas tiene un impacto directo en la competitividad del propio tejido empresarial y del conjunto de la economía española, que puede ser analizado a través de tres de sus elementos principales: la productividad, la capacidad para internacionalizarse y la inversión en Investigación, Desarrollo e innovación, todas ellas herramientas fundamentales para impulsar el crecimiento y la generación de empleo, afirma el estudio del IEF.

El estudio, coordinado por Juan Corona, señala que las empresas más grandes se encuentran en una mejor posición para influir en elementos que determinan su productividad, por ejemplo, mejores condiciones para acceder a los mercados financieros, mayor capacidad para captar talento y formar a sus trabajadores, más recursos para hacer frente a un entorno fiscal y normativo complejo y para invertir en innovación o internacionalizarse. En este sentido, es en la productividad de las microempresas españolas (de 0 a 9 trabajadores) donde se observa una mayor distancia respecto al resto de sus homólogas europeas, mientras que las empresas nacionales de más de 50 trabajadores presentan niveles similares a la de las grandes economías de nuestro entorno como Alemania, Francia y Reino Unido.

“Esto nos da, en gran medida, la respuesta a la menor productividad en España. El diferencial que presenta con las otras grandes economías de la UE no es tanto consecuencia de que todas las empresas españolas sean menos productivas, sino más bien el resultado de un mayor peso de las pymes en el conjunto del tejido empresarial, unido a una menor productividad relativa de este tipo de empresas”, se afirma en el estudio. Y es que cuanto mayor es una empresa, mayor es su capacidad para acometer proyectos en el exterior, a la vez que cuanto mayor es la presencia en el exterior de una compañía, mayor suele ser su potencial de crecimiento.

 

I+D+i

Una situación similar se da en el caso de la inversión en innovación. En nuestro país, la  inversión empresarial en I+D+i, se encuentra todavía muy lejos del resto de sus socios europeos, con un gasto privado equivalente al 0,65% del PIB, porcentaje muy por debajo de países como Francia (1,46%) o Alemania, con casi un 2%. En el caso español, se observa cómo, mientras que el porcentaje de empresas con más de 250 trabajadores que realizan algún tipo de actividad innovadora es similar al de otras economías europeas, en el entorno del 90%, el porcentaje de pymes que innovan es del 30%, muy inferior al de otros países como Francia o Italia y menos de la mitad del que se registra en Alemania. Este hecho limita la capacidad para competir de las pyme más pequeñas y lastra su capacidad de crecimiento.

 

 

 

Todos estos elementos tienen como consecuencia que el tejido empresarial español presenta una mayor debilidad y una excesiva dependencia del ciclo económico. En etapas expansivas la economía española es capaz de incrementar su tejido empresarial más que en el resto de Europa, pero en épocas de recesión se invierte fuertemente esta tendencia, lo que supuso el cierre de 345.000 empresas durante la crisis. La estabilidad del tejido empresarial, su solidez y su capacidad para superar etapas como la experimentada en los últimos años tiene un efecto directo también sobre la estabilidad y perdurabilidad del empleo. Cuanto más consistente sea el tejido empresarial, menor será la destrucción de puestos de trabajo en periodos de recesión y mayor será la capacidad de la economía para mantener el empleo y el bienestar social. La prueba es que España ha sido el país de la UE con mayor pérdida de puestos de trabajo después de Grecia.

Todos estos elementos tienen su impacto en la longevidad de las empresas. En España el 45% de las compañías con más de 20 trabajadores tienen al menos 20 años de vida, mientras que en el caso de las empresas con hasta 9 trabajadores sólo el 15% supera ese umbral. Se observa, por tanto, una relación directa entre longevidad y tamaño.

 

Educación y talento

En cuanto a los principales factores que determinan la capacidad de las empresas para crecer y ganar dimensión, el estudio del IEF pone el acento en la calidad del capital humano, entendido como el talento, la educación y el grado de formación de las personas, y que determinan la productividad de la empresa y que “es probablemente el principal elemento para el progreso y avance de una sociedad”. Sin embargo, España presenta el nivel de abandono escolar más alto de la UE, con una tasa del 20%, y tiene  un porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan (entre 15 y 29 años) del 23%, el cuarto más alto de la OCDE. En el ámbito de la educación superior, tan sólo una de nuestras universidades se encuentra entre los 200 primeros puestos de la clasificación, mientras que la Formación Profesional sigue siendo en España una opción secundaria respecto a otro tipo de programas generales y sólo el 45% de la población entre 25 y 34 años que ha superado la primera etapa de la Educación Secundaria ha cursado programas de enseñanzas profesionales frente al 68% en la Unión Europea.

A esto hay que añadir una menor cultura emprendedora entre los jóvenes españoles y la reducida participación de los directivos y técnicos españoles en actividades de formación continua. En concreto, el 57% de los directivos y técnicos españoles participan en actividades de formación, mientras que este porcentaje supera el 70% en países como Alemania y Francia.

La conclusión del estudio del IEF es que es necesario alcanzar un pacto de Estado para la educación porque “es obligación de todos situar el capital humano como una prioridad absoluta”.  “Hay que recuperar un sistema ilusionante, con una mayor conexión entre el esfuerzo, el riesgo y la recompensa, que mejore el reconocimiento social y que vaya eliminando el miedo al fracaso. Y todo ello debe hacerse con la estabilidad del modelo como telón de fondo, y evitar los constantes cambios de sistemas educativos que acaban convirtiéndose en un lastre para nuestra sociedad”, afirma.

 

Mercado de trabajo

En cuanto al análisis y las propuestas sobre el mercado de trabajo el estudio del IEF indica que “nuestra tasa de desempleo sigue siendo muy elevada y esto refleja un mal diseño del modelo del que salen perjudicados especialmente determinados colectivos como los menos formados o los más jóvenes”, y si se compara la fotografía del mercado laboral español transcurridos los últimos 20 años se observa un aumento significativo del número de asalariados en relación a los trabajadores por cuenta propia. “Esta creación de nuevos trabajos ha sido, además, principalmente de carácter indefinido, que han pasado de representar el 26% de la población activa al 39%, mientras que el peso de los temporales se ha reducido en 2,5 puntos”, y además los trabajadores por cuenta propia son los que ha experimentado una mayor reducción, pasando de representar el 19,4% en 2005 al 13,6% de la población activa en 2016.

 

 

 

 

Según la IEF la elevada tasa de desempleo es consecuencia, entre otros factores, de la diferencia entre salarios y productividad y los grupos sociales en los que existe una mayor diferencia entre su productividad real y sus salarios, que son los fijados por convenio, son los que presentan tasas de desempleo más elevadas, como es el caso de los jóvenes. La tasa de desempleo se va reduciendo significativamente a medida que aumenta la edad media, es decir, la experiencia profesional. Así, la tasa de desempleo de las personas sin estudios supera el 43%, la de los activos con estudios primarios incompletos, el 39%, y la de aquellos con educación primaria, el 31%, frente a un desempleo del 11,36% entre aquellos individuos con educación superior. Por otra parte, las regiones como Madrid, País Vasco o Navarra, donde el porcentaje de la población con estudios superiores es más alto, presentan las tasas de desempleo más bajas de todo el país.

 

Regulación laboral y eficiencia administrativa

La simplificación de la administración laboral debe ser también otro elemento de reforma, ya que afecta especialmente a las más pequeñas que tienen menos recursos para conocer las numerosas alternativas en la contratación, los procedimientos, o los continuos cambios normativos. El principal reto, por tanto, debe ser mejorar la productividad, la empleabilidad de los trabajadores, y mejorar los niveles de educación y formación con el fin de facilitar la creación de empleo, especialmente de los colectivos con mayores dificultades.

La eficiencia de las Administraciones Públicas es otro de los factores que más influyen en el crecimiento y el tamaño de las empresas. Por eso se considera importante asegurar un buen marco estable si se quieren generar las condiciones que permitan, no solo a la economía, sino al conjunto del tejido empresarial, crecer y ganar tamaño y competitividad. Otro de los elementos que requiere una revisión es el control del gasto y la evaluación de su eficacia, además hay que acabar con la percepción de que lo público debe gestionarse públicamente, aunque sea más ineficiente y fomentar que la libertad de elección por parte del ciudadano sea la manera ordinaria de prestación de servicios, que  permite una mejor asignación de recursos.

El cuarto de los factores que tienen un impacto determinante en la capacidad de las compañías para mejorar su competitividad es la regulación administrativa. “Hoy por hoy, la maraña normativa y regulatoria dificulta especialmente el crecimiento en un país como España, con un tamaño medio de las empresas inferior al de otros países de nuestro entorno”, dice el informe del IEF. El complejo entramado jurídico (europeo, estatal, autonómico y local) supone un lastre a la competitividad, a la inversión y al crecimiento de las empresas, que afecta especialmente a las pymes, y provoca fuertes distorsiones del mercado, principalmente por diferencias de interpretación, y en este sentido apunta que existe margen para mejorar la comunicación administración–ciudadano, especialmente si se aprovechan las oportunidades del mundo digital y tecnológico, que ya ha permitido automatizar muchos de los procesos administrativos que venían realizándose de manera manual. Un ejemplo es que el número de días necesarios para la obtención de licencias sigue siendo uno de los más altos de Europa (88 días frente a 48 en Francia o 4 en Alemania) y lo mismo ocurre con su coste en euros o el tiempo necesario para la apertura de un negocio.

 

Fiscalidad y financiación

Por otra parte, el sistema fiscal es uno de los factores que condiciona en mayor medida el crecimiento y el tamaño de la empresa. Si se analiza nuestro sistema fiscal se obtiene como resultado algunas ideas interesantes: en primer lugar, la inestabilidad de los ingresos en relación a otros países de nuestro entorno; en segundo lugar, el elevado peso de las cotizaciones en la recaudación total, y en tercero, la elevada complejidad del sistema, por el elevado número de figuras tributarias, por las diferencias regionales o municipales, el exceso de regulación y los constantes cambios normativos. Todo ello tiene como resultado una mayor inseguridad, un incremento de los costes indirectos, un aumento del fraude fiscal y un elevado grado de conflictividad, dice el informe del IEF.

Una de las conclusiones es que el empleo está gravado comparativamente más en España que en otros países europeos y la elevada complejidad de nuestro sistema tributario derivada del elevado número de leyes, la fragmentación fiscal tanto en Comunidades Autónomas como Municipios, los procedimientos fiscales, la comunicación entre la Administración y el obligado tributario, los continuos cambios normativos, etc. Algunas de las principales consecuencias de esta fuerte complejidad son la falta de transparencia y la inseguridad que sufren especialmente los nuevos negocios y las pequeñas y medianas empresas, es decir, las más frágiles a priori.

Otro de los aspectos interesantes que se observan es que existe una relación directa entre tamaño de la empresa y fraude fiscal. Cuanto mayor es el tamaño medio de la empresa menor es el porcentaje de fraude en la economía. La conclusión es que “la simplificación, la digitalización, un diseño eficiente y estable de los sistemas fiscales y una relación efectiva y eficaz entre Administración y administrado contribuyen a facilitar el crecimiento económico y el tamaño de la empresa y, por tanto, a una mayor estabilidad recaudatoria”.

La capacidad de financiación de las empresas es otro de los elementos fundamentales que condiciona su crecimiento y su tamaño, a la vez que actúa como motor y dinamizador de la economía en su conjunto. La base de todo proceso inversor suele ser, en primer lugar, el ahorro, el patrimonio, como principal fuente de financiación. La mayor parte de las compañías, especialmente en sus etapas más tempranas, parten de su propia autofinanciación para iniciar su actividad. Es, por tanto, especialmente importante promover y fomentar la capacidad de ahorro del conjunto de la sociedad. Por ahora, el préstamo y el crédito bancario son las herramientas más comunes y principalmente utilizadas por las empresas españolas.

También los principales organismos internacionales han realizado en los últimos años numerosas recomendaciones con el objetivo de favorecer el crecimiento y aumento del tamaño de las empresas españolas. Tanto la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional coinciden en esa necesidad. Estos organismos basan su posición en los numerosos trabajos que encuentran que la presencia de empresas de reducido tamaño tiende a moderar el crecimiento de la productividad, a limitar las exportaciones y, por tanto, también a contribuir negativamente al PIB de un país.

Como resumen, las propuestas del Instituto de la Empresa Familiar indican que es preciso abordar el diseño y la reforma de los factores que limitan el potencial de crecimiento de las empresas, para permitir que cada vez un mayor número de personas puedan llevar a cabo su proyecto personal o profesional. Para ello se necesita un buen caldo de cultivo, es decir, un buen marco regulatorio, sencillo, que no desincentive el inicio de cualquier negocio y que tenga en cuenta la heterogeneidad y diferencias de los administrados. La Administración debe fomentar y facilitar las ilusiones personales de cada individuo, desde las primeras etapas de la educación hasta la formación y el momento del emprendimiento. Por ello debe potenciar una mejor comunicación con el administrado, porque es la única manera de conocer sus necesidades, sus inquietudes, y sus objetivos, dice el IEF.

 

 

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